La generación de empleo en Bolivia, en las condiciones actuales, atraviesa diversas complejidades que van desde el alto costo que representa la formación y la calificación de mano de obra, hasta las imposibilidades de un sector privado incapaz de absorver a este capital social como aporte a la transformación de la base productiva.
La existencia de agentes económicos privados y públicos, para la formación y calificación de personas en edad laboral, no condice con la demanda actual de promoción de actividades ligadas a la transformación y generación de microemprendimientos productivos basados en materia prima local en calidad y exigencia de los mercados de exportación.
El Estado que asume la responsbilidad a través de programas nacionales de empleo, en sintesis, no tiene la capacidad de lograr absorber en mínima cuantía las grandes necesidades de ocupación laboral existente, más por el contrario, solo interviene insosteniblemente a partir de donaciones y créditos externos que cada nuevo gobierno sea nacional, departamental o municipal se exige temporalmente.
Es tradicional en Bolivia, la falta de políticas de fomento a la formación laboral y calificación técnica. Las Organizaciones de Desarrollo deben interactuar con actores públicos para que estas experiencias sean transferidas en la incidencia de la promoción e inserción laboral, hacia los actores estatales, privados y mixtos.
El querer aplicar solamente políticas del Estado y para el sector público, tienen un balance desigual frente a la carencia en la oferta y la creciente demanda laboral.
Las políticas conciliares y la participación de todos los actores en la promoción e inserción laboral no depende exclusivamente de sector público, mas por el contrario deben ser parte de la función social y la responsabilidad social empresarial en favor de los sectores más emprobrecidos por la falta de oportunidades de empleo en Bolivia.
